Leonoticias

El coste de los servicios de Atención a la Dependencia en Castilla y León superó los 498 millones en 2015

  • La Comunidad aportó un 80,9% del gasto certificado frente a la media nacional del 81,9% según el Observatorio Estatal

Los servicios de de Atención a la Dependencia en Castilla y León alcanzaron un coste de 498.087.767 euros durante el pasado ejercicio 2015 según los datos aportados por el Observatorio Estatal. La media de gasto público por beneficiario fue de 8.500 euros al año, de los que 7.000 euros los aportan las comunidades autónomas y la Administración General del Estado solamente 1.500 euros.

De esta forma en Castilla y León se aportó un 80,9 por ciento del gasto certificado frente a la media nacional del 81,9 por ciento. El Observatorio solicitó los preceptivos certificados de gasto en Dependencia que las comunidades autónomas remiten al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en los que se puede verificar el gasto público autonómico en atención a la dependencia junto a los ingresos que reciben del Estado para tal fin.

Así, destacan el Observatorio la transperencia realizada, la práctica totalidad de territorios ha accedido a aportar los documentos oficiales suscritos por las respectivas Intervenciones Autonómicas. «Hasta ahora nuestras denuncias sobre la infrafinanciación del Sistema se basaban en estimaciones del propio Observatorio sostenidas en un modelo de costes que se ha ido depurando año a año. No obstante, la falta de oficialidad de parte de la información podía plantear dudas sobre la consistencia de dicho cálculo», explicaron.

En este sentido se recordó que la Ley establece que el Sistema debe ser financiado -en su gasto público- a partes iguales (50 por ciento) por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La realidad es que la Administración General del Estado aportó en 2015 sólo el 18,1 por ciento del gasto público frente al 81,9 por ciento de las CC.AA.

El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a más de 2.865 millones de euros tal y como se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los Planes de reformas remitidos a Bruselas. «El quebranto para las Comunidades Autónomas en la financiación de esta importante política social las coloca en una encrucijada de muy difícil salida, cuando son ellas las que deben responder ante las personas dependientes», añadió el Observatorio.

A su vez, añadió que con los datos certificados, «la realidad ya es incontrovertible y evidencia la falta de veracidad y la insolidaridad del Gobierno de España con las personas dependientes, con sus familias y con los territorios del Estado». El Sistema muestra capacidad para la generación de empleos y para la obtención de retornos directos, indirectos e inducidos. En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 38,3 por ciento.

En opinión del Observatorio de Dependencia, si se atendiera ya a las 368.583 personas que están en espera –haciendo algo tan extraordinario como cumplir con la Ley- se generarían más de 100.000 nuevos empleos directos. P»ara ello el Gobierno de España debe cumplir la Ley de Dependencia e igualar la aportación autonómica tal y como debería haber sido desde el inicio de una Ley que se dictó al amparo del artículo 149.1.1ª de la Constitución (desde la responsabilidad del Estado)», concluyó.