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El Juzgado de Toro asumirá la causa del incidente de tráfico de Rosa Valdeón

  • El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arévalo se inhibirá a favor del juzgado toresano

Un juzgado de Toro (Zamora) será finalmente el que se haga cargo del procedimiento penal abierto contra Rosa Valdeón por dar positivo en el control de alcoholemia cuando circulaba por la N-VI el pasado 9 de septiembre después de que el juzgado de Arévalo se haya inhibido en favor del juzgado toresano, ha adelantado hoy a Ical el fiscal delegado de Seguridad Vial de Ávila, Óscar Barrios. Aunque todavía no ha recibido «el auto de inhibición», desde el juzgado arevalense ya le han comunicado «por teléfono» que esa es la intención de su juez titular, por lo que da por hecho «con toda seguridad» que «el procedimiento irá a Toro».

La inhibición del juzgado de Arévalo da por cerrado «el conflicto de competencias» que se produjo después de que ambos órganos judiciales iniciaran diligencias a raíz del positivo por alcoholemia de Rosa Valdeón detectado en la N-VI en un control realizado a la altura de Morales del Vino (Zamora). «El procedimiento se inició en los dos juzgados a la vez porque el original del atestado se remitió a Arévalo y, a la vez, una copia al de Toro, pero no tiene sentido que la causa esté abierta en los dos juzgados», defiende el fiscal.

Precisamente por ello se hizo necesario «determinar la competencia territorial» del asunto, por que se solicitó un informe al respecto del fiscal de Seguridad Vial de Ávila desde el juzgado de Toro. En ese documento, Óscar Barrios expone que «la competencia territorial pueden ser los dos órganos judiciales, dado que el mismo hecho se ha producido en los dos partidos judiciales», pero que «en todo caso» debería asumir la causa el juzgado «que hubiera iniciado antes las diligencias», razón por la cual «el juzgado de Arévalo se va a inhibir a Toro», adelanta el fiscal de Seguridad Vial.

No obstante, cabe recordar que debido a su condición de procuradora en las Cortes regionales Rosa Valdeón goza de un aforamiento que, en principio, obligaría a que fuera juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, si bien ella misma solicitó el viernes al Parlamento regional renunciar al aforamiento para poder comparecer ante un tribunal ordinario sobre el incidente de tráfico por el que dimitió de todos sus cargos el 10 de septiembre.