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Ciudadanos urge a que la Comunidad asuma las competencias sanitarias en centros penitenciarios

  • La Consejería de Sanidad valora en 1,9 millones las facturas que adeuda instituciones penitenciarias a los hospitales de Castilla y León por la asistencia a reclusos

El Grupo de Ciudadanos en las Cortes quiere que la Junta de Castilla y León inicie «de forma inmediata» la negociación con el Gobierno central para la asunción de las competencias de atención sanitaria en los centros penitenciarios de la Comunidad, pero el PP pide «ser cautos» ante un asunto que «no es tan simple», aunque afirma que lo va a estudiar.

La atención primaria a los reclusos se presta en los centros penitenciarios pero la especializada y los ingresos se realiza en los hospitales de Sacyl, asistencia por la que facturan a instituciones penitenciarias, que ha recurrido al considerar que debe ser gratuita para internos con régimen en la Seguridad Social. A 30 de junio de 2016 adeudaba por ese concepto 1.937.448 euros, según datos de la Consejería de Sanidad.

El portavoz de Sanidad de C’s en las Cortes, Manuel Mitadiel, apela al cumplimiento legal para contar con esas competencias en la proposición no de ley que ha presentado y recuerda que es un asunto pendiente desde 2003, cuando se recogió en la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, si bien advierte, en declaraciones a Ical, que la Comunidad «no está» para asumir más servicios sin financiación.

Mitadiel afirma que la Administración Penitenciaria no puede hacer frente a la totalidad de las prestaciones sanitarias en una concepción integral del sistema de salud y considera que esa situación repercute de forma negativa y condiciona la asistencia que se ofrece a las personas reclusas frente al sistema ordinario.

En tal sentido, entiende que la transferencia en el País Vasco ha supuesto un revulsivo para los profesionales y una mejora en la asistencia a la población reclusa. «Si no inicia la negociación la Junta, no se inicia», sostiene. Las deficiencias en la sanidad de los centros penitencias, que observa Mitadiel, son compartidas por Isabel Muñoz (Podemos), que ha presentado una batería de preguntas a la Junta.

Sin embargo, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Alejandro Vázquez, cree que la asistencia sanitaria es la correcta, dado que en las cárceles se ofrece la atención primaria y en los hospitales de Sacyl la especializada, con módulos en los complejos hospitalarios, que se factura a instituciones penitenciarias.

«Tenemos ánimo de estudio, de valorarla, pero tiene sus dificultades, no es tan simple, no es sí o no», argumenta Vázquez, en relación a la propuesta de la formación naranja. Considera el popular que la complejidad está en «encajar» el modelo penitenciario en el sistema de salud ordinario, de ahí que sólo País Vasco y Cataluña tengan la competencia, ya que también cuentan con la de centros penitenciarios.

Los tres parlamentarios se refieren al incidente provocado sobre quién debía pagar los antivirales para enfermos de Hepatitis C en los centros penitenciarios, que el TSJ de Castilla y León, tras confirmar una sentencia de un juzgado de Valladolid, señaló que era competencia de la Administración Penitenciaria, desestimando así la apelación de la Abogacía del Estado.

Radiografía de la situación

Para «ponerse al día» y conocer la «radiografía de la situación», la parlamentaria de Podemos ha realizado una batería de preguntas a la Junta, como quién tiene que pagar los tratamientos de antivirales y otros medicamentos, el número de presos a los que se ha realizado pruebas de Hepatis C, el número de especialistas que pasan consulta en las prisiones o el pago por los servicios.

Según la Consejería de Sanidad, a 30 de junio de 2016 las instituciones penitenciarias en la Comunidad adeudaban a los hospitales públicos en concepto de asistencia prestada a personas presas facturas por un importe de 1.937.448 euros. Sin embargo, el Ministerio de Interior alegó que no le corresponde asumir pagos de reclusos en el régimen de la Seguridad Social ni los que tengan asistencia sanitaria gratuita.

De acuerdo con su postura de que la prestación se debe realizar con fondos públicos de la Gerencia de Regional de Salud de Castilla y León, Interior interpuso un recurso contencioso administrativo contra el requerimiento efectuado por el subdirector del Ministerio en el que solicitó a la Junta que «cesará en la emisión de facturas» por la asistencia sanitaria especializada dispensada a internos. Según Sacyl, el recurso ha sido desestimado recientemente, pero la Administración General del Estado ha apelado la sentencia.

Precisamente, al no tener asumidas las competencias, la Junta de Castilla y León informa de que no dispone de información sobre el número de personas internas en instituciones penitenciarias afectadas por el virus de la hepatitis C, ni de los reclusos que hayan podido fallecer por la enfermedad.

La atención especializada a la población reclusa, tanto de consulta como de tratamientos y pruebas diagnósticas, se realiza en los hospitales de Sacyl, que disponen de habitaciones o módulos adecuados a la normativa vigente en caso de que necesiten una hospitalización. Además, dos médicos especialistas en Medicina Interna se desplazan desde 2002 al centro penitenciario de Torredonde (Segovia) y otro acude cada semana a Topas (Salamanca), que cuenta también con los servicios en la prisión de un psiquiatra.