Leonoticias

El Procurador del Común pide que Castilla y León elimine la exigencia de documentación de carácter personal en las adopciones internacionales

  • Varias quejas recogidas exponen que en la Comunidad se exige a los padres documentación no requerida por los países de origen y que suponen la intromisión en su vida privada, tales como las calificaciones en los centros educativos o fotografías

El Procurador del Común ha recibido diversas quejas de padres que habían realizado una adopción internacional y que al someterse a los seguimientos detectaron que Castilla y León solicitaba determinada documentación que podría suponer «una intromisión a la intimidad del niño y la familia».

Tras ser admitida la queja a trámite, se ha comprobado que las normas de muchos países de origen exigen la remisión, durante un periodo de tiempo determinado, de informes de seguimiento postadoptivo para comprobar la integración y bienestar del menor en su nueva familia. Tales exigencias, como marca la ley, suelen ser las visitas por parte de los servicios sociales del propio territorio a los domicilios, entrevistas, etc.

Esta petición de seguimiento por los estados de origen se entiende como «comprensible en la medida en que tales países se sienten responsables de los menores que han entregado a las familias extranjeras» y, para ellos, la presentación de los informes constituye una garantía de que el menor está bien cuidado y se está integrando.

Las familias de Castilla y León que han llevado a cabo adopciones internacionales entienden perfectamente que el seguimiento es un proceso al que se han comprometido en beneficio de los menores. Pero reconocen que «cada vez en mayor medida la Administración autonómica impone más requisitos, los cuales invaden la intimidad de sus hijos». Tales requerimientos, según se señalan los reclamantes, no son solicitados por el país de origen sino que son decididos unilateralmente por el organismo delegado (en este caso, la Gerencia de Servicios Sociales).

Con anterioridad se solicitaba un sencillo informe escolar y en la actualidad se exige un detallado informe del tutor y una copia del boletín de notas o calificaciones del menor. También se exigen fotos del niño. Se denuncia, así, que «estos documentos son información privada, personal y de carácter confidencial que los distintos profesores elaboran con el único fin del conocimiento del progreso del alumno por el propio menor y sus padres».

La inclusión de dicha información como documentación obligatoria dentro de los expedientes de seguimiento, según se indica, es abusiva y vulnera los derechos de los niños. Los colegios ya elaboran un informe general para hacer constar que el niño está escolarizado y bien adaptado, que en definitiva es lo que le interesa al país de origen.

Un informe de la Comisión Especial del Senado sobre la Adopción Internacional ya advertía que, sin perjuicio de que los informes de seguimiento son una garantía para los estados de origen, pueden resultar excesivos, llegando a plantearse si se viola la intimidad de las familias. Parece razonable, pues, valorar si las nuevas exigencias establecidas en los procesos de seguimiento de adopción internacional en esta Comunidad Autónoma suponen un excesivo control sobre el menor y una intromisión en su vida personal y familiar.

Según el Procurador del Común se entiende que la intervención administrativa ha de centrarse en la búsqueda de unos nuevos padres que resulten plenamente idóneos para proporcionar al menor susceptible de adopción la atención que sus circunstancias y necesidades específicas requieran, pero también debemos evitar que las familias se enfrenten a unos controles excesivos.

Por esa razón, se ha formulado una Resolución a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades recomendando analizar en el ámbito de esta Comunidad Autónoma la posible improcedencia o desacierto en el establecimiento de la exigencia de dicha documentación como parte del proceso de seguimiento de adaptación de los menores en las adopciones internacionales, eliminando la obligación de su presentación por resultar excesiva, innecesaria, inapropiada o suponer una intromisión en la vida o intimidad de las familias.