Leonoticias

La mitad de las peticiones para recibir la renta garantizada se rechazan por falta de papeles

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  • Las Cortes tramitan como proyecto de ley medidas extraordinarias para flexibilizar los requisitos

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Desde aquel Ingreso Mínimo de Inserción, el conocido como IMI, hasta la actual Renta Garantizada de Ciudadanía no solo ha habido mucho recorrido administrativo, de Diálogo Social y político sino toda una larga y profunda crisis económica que ha forzado a la ampliación y flexibilización de este salario social. Y el recorrido no ha terminado, ni mucho menos, sino que ya está en trámites de amparar legislativamente nuevas medidas y menores, o más adaptados a la realidad, requisitos para el perceptor.

La Renta Garantizada de Ciudadanía fue, bajo tal denominación, una realidad un 21 de diciembre de 2010. Desde entonces, y tras aquellas algo tímidas 18.086 solicitudes de 2011, ya son 58.654 las personas –a fecha del último balance de año completo cerrado que es de 2015– que han demandado esta prestación de la Junta y, de ellas, se mantienen en nómina 11.813, más del doble que las de cuatro años antes. En este tiempo, la demanda ha crecido, tanto la que cumplía requisitos como la que ha quedado fuera de la ayuda. Según recoge un informe del sindicato CC OO, elaborado con datos de la propia Gerencia de Servicios Sociales, «el ritmo de crecimiento de esta renta se ha ido ralentizando y mientras la subida de 2014 había sido del 25%, la del siguiente año no llega al 10%».

En estos cinco años de gestión; del acumulado de solicitudes ya resueltas –que lo son el 95,24%– fueron finalmente concedidas 23.788, es decir, el 42,59%, y denegadas otras 32.072, el 57,41%. Hay más rechazadas que adjudicadas y, además, el 49% de los perceptores ya han dejado de recibir sus 536,13 euros mensuales por diferentes razones.

Y ¿cuáles son las causas de la denegación? Pues los datos de la Junta que recoge el informe de CC OO señalan como las más habituales el tener medios económicos o patrimoniales más altos de los establecidos en los requisitos de acceso, esto ocurre en el 31,44% de los casos, y también es muy frecuente que los posibles beneficiarios desatendieran el papeleo y desistieran de completar la solicitud o fuera imposible localizarlos ni en su domicilio ni tan siquiera a través de Bocyl. Esto ocurre en el 30,92% de los casos. Son 9.917 los solicitantes que perdieron este ingreso de ayuda social por tener incompleto el expediente. Hay que tener en cuenta que algunas de estas personas no tienen domicilio ni familiares ni están bajo el paraguas de ningún servicio o atención social. Su propia situación de exclusión, o al menos el riesgo de estarlo, explica que en ocasiones no sean localizables.

Otro requisito que no se cumple –en el 20,47% de las demandas, es decir, en las de 6.565 personas– es el de ser demandante de empleo en una oficina del Ecyl. El porcentaje baja, al 6,09%, en las denegadas porque el aspirante a la prestación . Además, el 3,86% se niega a participar en el preceptivo programa individual de inserción y, el resto, se reparte entre causas como no estar empadronado en Castilla y León, negarse a escolarizar a los menores o residir en un centro asistencial, entre otros.

En cuanto a los motivos por los que se deja de percibir estos ingresos mínimos, el balance de estos cinco años revela que el 32,7% de los casos se debe a haber encontrado trabajo. Habitualmente es solo un contrato temporal y corto, en ocasiones de días o de un mes, por lo que cuando termina, hasta que se aplica la modificación prevista, el beneficiario tarda tres meses en recuperar la prestación. El proyecto de ley establecerá la inmediatez en este sentido.Será como si se hubiera congelado la renta mientras dura el empleo. De esta forma, no solo se garantiza la protección social sino que no se rechace un puesto para no perder la ayuda, explican fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

La siguiente carencia más habitual por la que se pierde este salario es por incumplimiento con el preceptivo proyecto individual. Ocurre en el 20,02% de las situaciones. En otro 18,89% de los casos, el acceso a otra prestación pública conlleva la pérdida de este ingreso.

El resto de las razones, con porcentajes de entre el 1% y el 6%, se reparten entre el no comunicar un cambio de circunstancias esenciales, dificultar el seguimiento a los técnicos de la Junta, tener una capacidad económica mayor de la declarada, haber cambiado de comunidad o el absentismo escolar.