http://static.leonoticias.com/www/menu/img/campo-desktop.jpg

Ecologistas recurrirá el decreto que regula las condiciones ambientales de las industrias agroalimentarias

Ecologistas recurrirá el decreto que regula las condiciones ambientales de las industrias agroalimentarias

La organización naturalista crítica que la Junta pretende «dejar en nada» la regulación de actividades molestas

ICAL

Ecologistas en Acción recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las industrias agroalimentarias de Castilla y León, argumentando que es necesario restablecer las garantías y controles ciudadanos en materia de prevención ambiental, en atención al principio de legalidad, a la protección de la salud y el medio ambiente.

Según la organización, la Junta, con la modificación de Ley de Prevención Ambiental, propone extender la «barra libre» aprobada para actividades agroindustriales y ganaderas a multitud de instalaciones industriales y de servicios de considerable impacto ambiental, «dejando en prácticamente nada la regulación autonómica de las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas».

Al mismo tiempo, desde Ecologistas en Acción también se critica la pretensión de la Junta de ampliar la exención de licencia ambiental a multitud de actividades como la industria textil, la hostelería, las piscifactorías o las estaciones de servicio, «que podrán implantarse e iniciar su actividad con una simple comunicación al Ayuntamiento del término municipal en que se ubiquen, sin información pública, informes previos ni audiencia a los vecinos o centros educativos, asistenciales y sanitarios colindantes».

Esto significa, según el colectivo naturalista, que un matadero, una harinera o una fábrica láctea podrán empezar a funcionar a partir del 9 de mayo sin información pública ni audiencia a los vecinos, salvo que por su gran tamaño deban someterse a autorización ambiental.

Además, también critican que esta modificación de la ley de Prevención Ambiental se ha realizado sin tener en cuenta la opinión de las Cortes de Castilla y León, «invadiendo el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico».

Contenido Patrocinado

Fotos