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Domingo, 18 de marzo 2018, 12:55
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El cambio de modelo productivo en el campo, con explotaciones más grandes y menor número de profesionales, es uno de los aspectos que ha generado una nueva tendencia en el régimen de afiliación a la Seguridad Social en el sector agrícola y ganadero que, lejos de lo habitual hace no tantos años, cuando el autónomo era el régimen mayoritario, ha experimentado un giro en la Comunidad. El número de autónomos se ha reducido en un total de 1.610 desde el año 2013 frente a los 2.597 que han pasado a trabajar por cuenta ajena, un giro que deja un balance de casi un millar de trabajadores más en el ámbito agrario desde diciembre de 2013.
Según los datos de evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario publicados por la Consejería de Agricultura y Ganadería, el año pasado concluyó con un total de 59.679 trabajadores afiliados en el sector en la Comunidad. De ellos 40.331 pertenecen al régimen de trabajadores autónomos -30.538 del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA) y 9.793 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)- y 19.348 del régimen general -12.018 del sistema especial agrario y 7.330 del régimen general-.
Esto supone una reducción de 62 afiliados respecto a finales de año de 2016, cuando se contabilizaron 59.741 afiliados -715 autónomos menos y 653 trabajadores más por cuenta ajena-, en un movimiento de subidas y bajadas alternativas en el número de afiliados en los últimos años. Esta pérdida de trabajadores contabilizada el año pasado también se produjo en 2015 (con 42 profesionales menos en el sector agrario), mientras que en 2016 la tendencia fue alcista (con 516 trabajadores más respecto al año anterior), igual que en 2014 en relación a 2013, con 575 más.
Sin embargo, esta trayectoria variable en el cómputo general del número de afiliados, es homogénea en el caso de los trabajadores autónomos o por cuenta ajena. Los primeros, pertenecientes hasta ahora al régimen más habitual del sector agrario, han ido reduciéndose en número desde 2013 en términos crecientes. Mientras que en 2014 se perdieron 101 trabajadores respecto a finales del año anterior -238 menos del SETA y 137 más del RETA-, el dato ha ido creciendo anualmente, con 364 trabajadores autónomos menos en 2015 respecto a 2014, y 430 menos en 2016 en relación al anterior.
Especial incidencia se produjo en el último año, cuando disminuyó el número de autónomos en 715 trabajadores -590 del SETA y 125 del RETA-, en la mayor caída de los últimos años, y que contrasta con el incremento del número de trabajadores por cuenta ajena en ese mismo periodo -653 más-, lo que deja como resultado una ligera pérdida de 62 profesionales del sector agrario en Castilla y León durante el año pasado.
Y es que la tendencia en el número de trabajadores del sector agrario pertenecientes al régimen general está experimentando una propensión contraria y constante en los últimos cuatro años. Mientras que en 2014 se registró un aumento en el número de trabajadores del sector agrario por cuenta ajena en 676 personas -208 pertenecientes al sistema especial agrario y 468 del régimen general-, esta trayectoria continuó en los años siguientes, con una mejora de 322 personas en 2015.
Pero la mayor afiliación al régimen general tuvo lugar en 2016 respecto al año anterior, con 946 trabajadores más por cuenta ajena en el sector -de los que 451 correspondían al sistema especial agrario y 495 al régimen general-. Por último, en 2017 la cifra de trabajadores por cuenta ajena también creció, aunque de manera más moderada, en 653 personas, hasta los 19.348 que se contabilizaron en total.
A 29 de diciembre del año pasado, Castilla y León contabilizaba un total de 59.679 afiliados en la actividad agraria del más de 1,1 millones registrados en toda España, es decir, el 5,3 por ciento del número de afiliados a la Seguridad Social en esta actividad en España. Con estos datos, Castilla y León se posiciona como la sexta Comunidad del país con mayor número de afiliados, por detrás de Andalucía, que con 552.275 profesionales cuenta con casi la mitad de los afiliados en toda España; Murcia (7,37 por ciento); Comunidad Valenciana (7,21 por ciento); Extremadura (6,85 por ciento); y Castilla-La Mancha (5,77 por ciento).
Según los datos facilitados por la Consejería de Agricultura y Ganadería, Castilla y León ha experimentado un descenso en el número de afiliados en los últimos nueve años. Mientras que en 2009 el número de afiliados alcanzaba el 6,01 por ciento, este guarismo se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos años, con una pequeña variación en 2014, cuando creció en un 0,37 por ciento respecto al año anterior, un dato que apenas se movió dos años más tarde, y que el año pasado volvió a caer a niveles de 2013 (con un 5,41 por ciento de ocupados).
Desde las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) se reconoce que es la «realidad» que existe en Castilla y León, con un número menor de autónomos y explotaciones más grades. Así lo reconocía el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, quien recalcó que cada vez es más «normal» que un profesional cuente «con un número de vacas de cierta dimensión y obreros que le ayudan». Esto permite asegurar que hay cierta «normalidad» en un sector que aunque pierde número de activos, en su mayoría autónomos, se está generando empleo en los entornos rurales «de calidad, de manera continuada y que no es un empleo que sea a corto plazo», explicó a Ical.
Sin embargo, puntualizó que también hay en el campo «sectores puntuales y jornadas puntuales» con la contratación de mano de obra asalariada «para temporadas o días». Por eso, recalcó que estos datos tienen un aspecto positivo, que es la creación de un empleo en el ámbito rural, aunque también una parte negativa que es la pérdida en el número de autónomos.
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, reconoció que la pérdida de activos en el sector agrario «es negativo» pero explicó que el crecimiento del número de asalariados supone «una evolución» ante el crecimiento de las explotaciones que, por lo tanto, requieren de más personal. Sin embargo, González Palacín hizo un llamamiento par ala conservación de las explotaciones familiares, que a su juicio son «las más eficaces», a pesar de la dificultad existente en un sector «en crisis» que está obligando a cerrar a muchas explotaciones.
Palacín dirigió la mirada a la Política Agraria Común (PAC) a la hora de buscar culpables, porque «se cobra por número de cabezas o hectáreas» y no existe limitación en la parte alta. «Creemos que tiene que haber una limitación y apostarse por los activos principales y por las explotaciones familiares», así como que haya mayor diferenciación en cuanto al porcentaje de ayudas para «blindar» las explotaciones familiares porque el resto constituye un modelo que está «acosando» a los profesionales.
El coordinador de COAG en Castilla y León, Aurelio Pérez, estimó que «hay algo que no concuerda» porque esta tendencia no se apreció en el censo de las últimas elecciones agrarias, pero atribuyó esa caída a la «falta de seguridad» del sector en las políticas de mercado demandadas desde la Alianza UPA-COAG. «No sirve de nada introducir a un joven o poner unas ayudas si luego los costes de producción están en unos precios inasumibles y los costes a los productos están en unos precios bajísimos», declaró.
A medida que se recortan las ayudas de la PAC, explicó Pérez, hay un porcentaje importante de agricultores que viven en los pueblos, que no son grandes propietarios, y al disminuir las ayudas llega un momento donde se hace «insostenible» la explotación y tiene que pasar a una actividad a tiempo parcial o desaparecer.
Por último, Pérez atribuyó este cambio de rumbo a que el sector está «caminando hacia una agricultura en integración» en la que se está produciendo una inclusión en las grandes multinacionales. Por todo ello, el coordinador de COAG expresó su preocupación, no tanto por el modelo en sí, sino por la riqueza que genera el sector y cómo se reparte, además de si se queda en Castilla y León o se va fuera, porque algunas de las empresas ejercen su actividad en la Comunidad pero tienen su sede incluso fuera de España. «Se está cambiando de una manera encubierta el modelo productivo», alertó Pérez, quien mantuvo la defensa del modelo social agrario «en todo el conjunto del modelo socioeconómico vinculado al medio rural», concluyó.
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