Borrar
El director de Urcacyl, Jerónimo Lozano, el presidente, Gabriel Alonso, y el presidente del Sector de Suministros de Urcacyl, Leopoldo Quevedo.
Urcacyl exige una excepción normativa para que las cooperativas puedan operar con gasolineras sin personal

Urcacyl exige una excepción normativa para que las cooperativas puedan operar con gasolineras sin personal

La cooperativa agraria impulsa una iniciativa legislativa popular cuya recogida de firmas arrancará en dos meses

ical

Miércoles, 25 de enero 2017, 14:05

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La Unión Regional Cooperativas Agrarias Castilla y León (Urcacyl) pidió este miércoles que la Junta de Castilla y León considere una modificación en el artículo único de la Ley 1/2016, que exige la presencia permanente de personal en todas las estaciones que distribuyen carburantes, porque supone «un grave perjuicio» tanto para las cooperativas agrarias como para el medio rural en que se encuentran.

La asociación impulsa una iniciativa legislativa popular para solicitar «una excepción para las cooperativas», ya que en horario de trabajo las estaciones pueden estar vigiladas, pero durante las noches y los fines de semana «es inviable» y el cierre de las mismas durante el tiempo que no puedan ser atendidas «significaría un grave daño». Desde Urcacyl se alega que las cooperativas son entidades protegidas tanto por el artículo 129/3 de la Constitución cómo por el Estatuto de Autonomía en su apartado 16/5 para que se conceda dicho privilegio.

El director de Urcacyl, Jerónimo Lozano González, explicó que esta nueva norma se debe a «las presiones ejercidas por las grandes estaciones de servicio» y al «desconocimiento del cooperativismo y su normativa». Lozano González argumentó que la mayoría de los grupos parlamentarios que votaron a favor de esta ley «desconocen por completo el tema».

El responsable de la organización incidió en que algunas de las razones por las que se ha promulgudo dicha ley son «la competencia desleal" y el «beneficio ilícito que reciben las cooperativas al trabajar con terceros". Ambas acusaciones fueron desmentidas por Lozano González apuntando en el primer caso que «la distrubución de gasóleos no es la actividad prioritaria en ninguna cooperativa» y en segundo lugar que «la venta a terceros se haya fiscalizada de igual manera que la distribución a los socios, por lo que no existe ningún vacío legal».

Otro argumento empleado por quienes promulgan la iniciativa es que mediante esta ley se mejorará la seguridad en las instalaciones a lo que desde Ucacyl se respondió durante la rueda de prensa argumentando que «las distribuidoras cumplen todos los requisitos e incluso algunas ya están adaptadas para la ITC04, una reforma que entrará en vigor en 2020 y que será más exigente en este aspecto».

Perjuicios económicos y sociales

En cuanto a los perjuicios esta nueva ley podría repercutir en las cooperativas, el director de Urcacyl quiso apuntar «la pérdida de servicios en el medio rural», ya que en ocasiones la única forma que tienen de abastecerse algunas poblaciones en 30 kilómetros a la redonda es mediante este tipo de 'estaciones desatendidas'.

Otro daño que se puede producir, siempre según los cooperativistas, es «la pérdida de empleo de forma directa o indirecta». El presidente del sector de suministros de Urcayl, Leopoldo Quevedo Rojo, admitió que «se tiene miedo a posibles sanciones (que puede ir desde los 3.000 a los 15.000 euros) que no puedan ser afrontadas y acarreen el cierre de algunas empresas».

Por último, Lozano González reconoció que el proceso para recurrir la ley que hoy entra en vigor «será lento». «Pasarán dos meses hasta que se completen todos los trámites para comenzar con la recogida de firmas, y una vez esten presentadas éstas, puede pasar otro medio año hasta que se vuelva a modificar la norma», explicó el director del sindicato.

Cabe destacar que Urcacyl necesita un total de 15.492 firmas para poder presentar en las Cortes regionales la iniciativa legislativa popular, una cifra que representa el 0,75 por ciento de la población de Castilla y León. Sin embargo, como reconoció Quevedo Rojo, «el proceso se resolverá a favor aunque se dilate mucho en el tiempo». El presidente del sector de suministros se mostró seguro ya que «ha habido otras denuncias en años anteriores que siempre se han ganado».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios