La Fiscalía solicita cinco años de cárcel para el ex alcalde de Cacabelos por un presunto delito de falsificación documental

Adolfo Caneda Castellana. /
Adolfo Caneda Castellana.

También se reclama pena de prisión para la que fuera secretaria interina del Ayuntamiento

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La Fiscalía de Ponferrada solicita cinco años de prisión para Adolfo Canedo Cascallana, exalcalde de Cacabelos (Partido Popular), por un presunto delito de falsificación en documento oficial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa, una multa de casi 11.000 euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como alcalde de ayuntamiento durante el tiempo de cinco años.

Así se desprende del escrito de acusación presentado por la fiscal ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ponferrada, en el que también solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de León.

En el mismo escrito, solicita para la exsecretaria interina de Cacabelos, una pena de cuatro años de prisión, multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como secretaria de ayuntamiento durante tres años, según la documentación facilitada hoy a los medios de comunicación.

Según la Fiscalía, los dos acusados “confeccionaron de mutuo acuerdo y a sabiendas de faltar a la verdad, un certificado en donde constataban que no se ha encontrado documento relativo a si desde el año 2001 a la actualidad todos los funcionarios que se encontraban en incapacidad temporal y durante la totalidad de la duración de esta situación percibía el cien por cien sus retribuciones respecto al mes anterior al de causar baja, al igual que el resto del personal laboral o contratado al servicio del Ayuntamiento”. Además, habrían omitido “tanto el envío como la mención alguna de las nóminas de los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento que durante el periodo señalado en el certificado si habían percibido el cien por cien de sus retribuciones respecto del mes anterior al de causar baja”.

El Ayuntamiento de Cacabelos pidió al juzgado personarse como acusación al fin de proceder a la defensa de sus intereses. El delito de falsificación de documentos públicos por parte de un alcalde está penado, según el artículo 390 del Condigo Penal, con prisión de tres a seis años, con multa de seis a 24 meses, y con inhabilitación de dos a seis años.

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