Leonoticias

La 'Plataforma Gestión Residuos' y las juntas vecinales presentan un recurso contra la ampliación del CTR

Imagen del CTR de San Román de la Vega
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  • Además, han convocado una concentración el próximo jueves para protestar contra una decisión que va «en contra de la ciudadanía y del medio ambiente»

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Ante la falta de respuesta a los diferentes informes de alegaciones presentados contra la ampliación del vertedero del CTR de San Román de la Vega, la Plataforma Gestión Residuos, Ayuntamientos y Juntas Vecinales afectadas realizó el pasado martes de Recurso Potestativo, «agotando así las vías legales que tenemos la población de impedir que se tomen decisiones políticas que van en contra de la ciudadanía, los acuíferos de la zona rural más poblada de León y el medio ambiente en general», según ha explicado el colectivo .

Hasta la fecha, todas las medidas legales y las movilizaciones sociales han sido incapaces de «parar el monstruo en el que se ha convertido nuestro vertedero, ahora más que nunca es el momento de mirar al futuro sin olvidar el pasado, por lo que pedimos a personas, colectivos y movimientos sociales de la provincia de León que se informen e impliquen en parar este despropósito, que es un problema común», y por eso han convocado una concentración frente al CTR el próximo jueves a las 11.30 horas.

Pendones para reivindicar su lucha

Durante el desarrollo de la misma se realizará un micro abierto, se tocará música tradicional y algunos pueblos llevarán sus pendones, «símbolo de la defensa de nuestra tierra contra este atentado medioambiental». La concentración concluirá con una chocolatada para todas las personas que asistan.

Las denuncias comenzaron desde que se supo el emplazamiento del vertedero de la provincia y «se ha ido constatando con los años el modelo de gestión de residuos están provocando una situación límite para la seguridad de los acuíferos, y un daño medioambiental sin precedentes en nuestra provincia», ha considerado el colectivo.

Por ello, han exigido «que se cumpla la ley que obliga a que la cantidad de residuos municipales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado alcance como mínimo el 50% en peso antes de 2020, implantando, entre otros, sistemas de recogida selectiva eficaz y no centralizados; lo que supone ahorro de costes de transporte, generación de puestos de trabajo, reducción de los impactos y optimización en la utilización de los materiales».

Aspectos graves para la plataforma

Si bien la nueva ampliación está presupuestada en más de 11,8 millones de que «tendremos que pagar entre todos», el coste del proyecto, según explica la plataforma de afectados, los documentos publicados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sería de 12,4 millones de €. El desglose de las partidas es de 6.170.466,16€ que corresponden a la construcción del vaso de vertido, 605.000€ a la puesta en marcha del mismo, se desconoce en qué consiste esta partida, y 5.641.076.87€ para su futuro sellado, sin aclarar completamente qué partidas contempla este abultado coste de clausura, y teniendo en cuenta que el procedimiento de control y vigilancia en los 30 años de vigilancia es de 285.000€.

El recurso interpuesto «pone de nuevo de manifiesto las continuas irregularidades como que por ejemplo, la resolución de ampliación a un segundo vaso supone el uso ilegal de un suelo rústico, ya que permite una actividad en contra de la ordenación urbanística y del territorio». Además, el colectivo dice encontrarse con una tramitación “express” por parte de la Consejería, incumpliendo la normativa reguladora del procedimiento, por tanto este no tiene cobertura legal e incumple la normativa medioambiental.

Consideran que otro de los aspectos graves del proyecto es que es difícilmente entendible que las mismas balsas que ahora sirven para un vaso de 1.701.219,50 m3, sirvan igualmente para servir además a un nuevo vaso de otros 2.090.142 m3, sobre todo «teniendo en cuenta que se han tenido que sacar camiones cisterna con los lixiviados en los últimos meses y que se han hecho vertidos ilegales de lixiviados (denunciados también por la Plataforma, Juntas Vecinales y Ayuntamientos) en los desagües de pluviales».