Leonoticias

El abogado Eduardo Ranz amplía a Astorga la retirada de la simbología de la dictadura

Imagen de una placa del Ministerio de la Vivienda.
Imagen de una placa del Ministerio de la Vivienda.
  • La reclamación llega a 167 municipios de la Comunidad | Castilla y León acumula más procedimientos en la materia que el resto de España

El letrado madrileño Eduardo Ranz, dando continuidad a las acciones legales emprendidas en materia de retirada de simbología de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura, iniciadas en el último año en Castilla y León, ha ampliado los derechos de petición planteados a un total de 167 municipios en las nueve provincias de la Comunidad, a los que requiere el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que el año que viene cumplirá diez años.

A estos 167 Ayuntamientos, se suman demandas judiciales ya admitidas a trámite y, en total, Castilla y León acumula 179 procedimientos, que suman más que el resto de España en su conjunto. Ranz recuerda que los Ayuntamientos requeridos son corporaciones municipales gobernadas por distintas formaciones políticas y agradece la colaboración vecinal a la hora de conocer la simbología de exaltación, así como la de las Juventudes Socialistas de Castilla y León, en la persona de su secretaria general, Andrea Carrascal, por facilitarle un catálogo de vestigios elaborado por sus militantes, y al procurador de las Cortes de Castilla y León, Álvaro Lora, por su invitación al Pleno celebrado el 21 de septiembre, en el que se abordó la memoria histórica en Castilla y León.

Para el caso que los municipios no cumplan con lo solicitado en el derecho de petición, dentro de tres meses, que es el plazo que marca la ley, se procederá a la interposición de la demanda contencioso-administrativa, como ya es el caso de los otros 12 municipios castellanos y leoneses: Alcocero de Mola (Burgos), Burgos, Gavilanes (Ávila), León, Olmedo (Valladolid), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), San Leonardo de Yagüe (Soria), Ávila, Las Navas del Marqués (Ávila), Astorga (León), Fuentes de Oñoro (Salamanca), Burgo de Osma (Soria).

Ranz recuerda que son dos las obligaciones de los Ayuntamientos en materia de memoria histórica: realizar el catálogo de vestigios y su retirada inmediata. La Ley de Memoria Histórica cumplirá 10 años el año que viene, “tiempo que los Ayuntamientos llevan incumpliéndola”, añade y señala que desde un punto de vista democrático y jurídico hay dos opciones: dar cumplimiento a la misma de forma inmediata o seguir dilatando la medida, y con ello, dice, “ser cómplices del golpe de estado de 1936, contra la legalidad de la II República”.

En todos los requerimientos se solicita la redefinición de diversas calles como José Antonio, Generalísimo o Queipo de Llano, además en el municipio de Santervás del Campo (Valladolid), se observa un escudo preconstitucional en la mesa del salón de plenos, un escudo preconstitucional en la fachada del Ayuntamiento, una placa franquista en la iglesia o un monolito franquista en la entrada del pueblo.