La pesadilla de 'Orozco Building' llega a juicio una década después y con la petición de seis años de cárcel para sus dos promotores

La promoción Orozco Building. /
La promoción Orozco Building.

Un centenar de familias se vieron afectadas por la constructora que vendió pisos embargados por dos entidades de ahorro | El juicio se celebrará los días 19 y 20 de febrero tras aplazarse por la negativa de comparecencia de uno de los acusados

A.CUBILLASLeón

Una década después del escándalo de 'Orozco Building', los responsables de la constructora que impulsó una promoción fracasada en León llega a juicio. Enrique D.S. y Rafael S.S. serán juzgados los días 19 y 20 de febrero en la Audiencia Provincial de León por un delito de apropiación indebida. El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos seis años de prisión.

Es la segunda vez que el juez señala la celebración de este procedimiento judicial, fechado inicialmente para el pasado mes de octubre, y que tuvo que aplazarse tras no localizar a uno de los acusados que, estuvo en busca y captura.

La pesadilla de Orozco Building

Para un centenar de familias 'Orozco Building' es sinónimo de «desilusión», «fracaso», «impotencia» y «una tomadura de pelo». Ellos adquirieron los pisos, según recuerdan los letrados, con «la ilusión de su vida» pero la realidad es que se encontraron con «engaños» que derivaron en «engaños» hasta ver la dura realidad: los pisos para los que habían depositado las 'arras' (contratos que vinculan a comprador y vendedor con cláusulas de abono de cantidades entre las partes) en realidad no podían ser de su propiedad al estar sujetos a un embargo previo por las entidades de ahorro que hipotecaban la obra.

El caso 'Orozco Building' llega ahora a los tribunales con peticiones de prisión de más de 120 años y con el interrogante de dónde están los 11 millones de euros procedentes de entidades de ahorro y clientes que los ahora acusados gestionaron.

Según el escrito de la acusación pública al que ha tenido acceso leonoticias, los dos acusados, administradores solidarios de ‘Orozco Building’ desde el 29 de octubre de 2004 hasta abril del 2008 cuando se nombre a un tercero como administrador y se acordó el traslado del domicilio social a Málaga.

En esa fecha, los acusados proyectaron la construcción y venta de un edificio de 90 viviendas, locales y garajes en la confluencia de la calle Peregrinos y Espronceda en Trobajo del Camino, que salieron a la venta con precios muy por debajo del techo de mercado.

Para financiar la adquisición del solar y la construcción, los administradores de la mercantil obtuvieron de Caja Rural Duero (actual Cajamar) un préstamo hipotecario sobre toda la finca por más de 9,5 millones de euros, que recibieron íntegramente y que a fecha de 29 de agosto del 2016 no había sido devuelta y figuraba como suspendido o fallido.

El aval

Las operaciones de venta de los distintos pisos se llevaron a cabo tanto de forma directa en su oficina, ubicada en la calle Astorga, así como a través de varias inmobiliarias, llegándose a formalizar 18 contratos de compraventa, sin la prestación de aval o seguro de caución que garantizase la devolución de las cantidades entregadas por la construcción.

Previamente a la celebración de estos contratos, en mayo de 2005, Caja España concedió a la mercantil un préstamo de 7,6 millones, con un vencimiento de dos años, poniendo de garantía dos fincas en Benalmádena, avalando los bienes de los que se hacían titulares en el sur con el inmueble situado en León y sobre el que había ‘contratos de arras’.

Ello derivó a que el préstamo venciese y el Juzgado de Primera Instancia nº2 de León embargase el inmueble de San Andrés del Rabanedo, provocando que los pisos, locales y garajes no se entregase a los compradores, que se negaron a elevar sus contratos a escritura pública y, por ende, asumir la deuda de la mercantil, sin que esta devolviera la cantidad que entregaron y que ascendía a los 372.550 euros.

El Ministerio Fiscal entiende que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida y solicita una pena de seis años de prisión para cada uno de los acusados así como una multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios.

Libre absolución

La defensa de los acusados se muestra disconforme al relato del Fiscalía y recuerdan que fue sus clientes cesaron en abril de 2008 como administradores, siendo un tercero, el encargado de concertar los contratos de venta, no participando en la comercialización de las viviendas ni firmaron contrato alguno de arras ni de contraventa y, por tanto, no recibieron ninguna de las cantidades entregadas ni tenían conocimiento o disposición sobre la gestión financiera.

Asimismo, remarca que una vez que tuvieron conocimiento del embargo, los compradores no realizaron ningún tipo de actuación para hacer valor su derecho sobre los inmuebles, optando por la interposición de la denuncia que originó este procedimiento. Por todo ello, solicita su libre absolución.

Por su parte, la acusación particular, según señalaron meses atrás a este diario, señala que el dinero entregado por los compradores asciende conforme a los contratos de arras al 1,2 millones y el del préstamo a 9,5 millones y solicita seis años de prisión por cada uno de los 21 delitos de estafa y otros seis años por cada uno de los 21 delitos de apropiación indebida.

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