Las Juntas Vecinales de San Andrés se acogen a la moratoria solicitada en la Diputación

Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo./
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Los representantes de las cuatro pedanías del municipio se han reunido para tratar la problemática de la aplicación del Real Decreto

LEONOTICIAS

Las cuatro Juntas Vecinales del municipio de San Andrés del Rabanedo han acordado acogerse a la solicitud de moratoria establecida por la Diputación de León para aplicar el Real Decreto 128/2018 que otorga a los secretarios municipales de los Ayuntamiento las funciones de secretaría, intervención y tesorería de las pedanías que dependen de ellos.

Los alcaldes pedáneos de San Andrés, Abel Iglesias; Villabalter, Jesús Cuenco; Ferral del Bernesga, Noelia Álvarez; y un representante de la Junta Vecinal de Trobajo del Camino, Benjamín Fernández, mantuvieron un encuentro para analizar la situación derivada de esta modificación del Ministerio de Hacienda por la cual se suprime la figura del vecino encargado hasta el momento de realizar las funciones de secretario.

El encuentro, promovido por el concejal de Juntas Vecinales, Abel Iglesias, y al que asistió el secretario municipal, sirvió como puesta en común de las dudas que genera este cambio normativo en cuanto al normal funcionamiento de las pedanías en sus gestiones diarias.

Así, se decidió la adhesión a esta petición de la institución provincial «hasta que se nos aclaren algunas cuestiones sobre este Decreto y sus consecuencias sobre actuaciones inminentes o gestiones ya comenzadas», tal y como ha explicado el edil responsable del área.

Moción socialista en el pleno ordinario de mayo

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno ordinario de mayo una moción para la derogación inmediata de la disposición adicional quinta del Real Decreto 128/2018 por la que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional por considerarla «un ataque sin precedentes al mundo local».

En la exposición de motivos, se considera esta nueva normativa del Ministerio de Hacienda suponga como «una agresión a la autonomía municipal y a la capacidad de prestar servicios de proximidad a los vecinos, imponiendo nievas cargas con restricciones y limitaciones presupuestarias e intentando convertirnos en un mero gestor administrativo, amenazando el espacio propio de decisión política de los gobiernos locales».

La moción aboga también por abrir un proceso en el que el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) trabajen sobre esta cuestión «bajo las premisas de que cualquier tipo de modificación normativa en la que se establezcan nuevas obligaciones a los entes territoriales, esté acompañada de las previsiones presupuestarias correspondientes destinadas a que dichas obligaciones no supongan una carga sobreañadida para sus haciendas».

Contenido Patrocinado

Fotos