UPL exige que «se eviten las costas judiciales por el complemento de productividad» en San Andrés del Rabanedo

Desde UPL insisten en que «los gobernantes responsables deben asegurarse de que tal decisión es conforme a la legalidad y que esta no va a traer consecuencias negativas a los ciudadanos»

Tras la decisión adoptada ahora hace un año por la Alcaldesa Mª Eugenia Gancedo de retirar el complemento de productividad a los funcionarios, las arcas municipales están soportando gastos muy elevados derivados de esa decisión, concretamente entre 3000 y 4000 euros por costas de cada juicio en los que el Ayuntamiento está siendo condenado por los tribunales administrativos.

De esas sentencias se deduce que, hasta que no haya un acuerdo firme, ese complemento debe seguir pagándose conforme a como se venía haciendo hasta junio de 2016, sin embargo se continúan pagando cantidades que están por debajo de lo que por sentencias les corresponde a los trabajadores, por lo que siguen yendo a los juzgados para exigir sus derechos y los jueces continúan dándoles la razón y condenando al Ayuntamiento a pagar también las costas judiciales.

Esta sangría de dinero público se puede parar si desde el Equipo de Gobierno se hace un reconocimiento en vía administrativa del complemento de productividad de cada funcionario conforme a las sentencias, por lo que desde UPL «exigimos que se realice ese reconocimiento cuanto antes. Ya nos encontramos en julio de 2017 y seguimos con este problema enquistado y no podemos tolerar ver pasar los días, las semanas y los meses sin que se ponga fin a ello, y lo que es peor, viendo cómo aumentan los gastos judiciales y los intereses».

Desde UPL «no podemos evitar hacer una última reflexión, antes de tomar una decisión, los gobernantes responsables deben asegurarse de que tal decisión es conforme a la legalidad y que esta no va a traer consecuencias negativas a los ciudadanos». Aquí denuncian que «ha pasado todo lo contrario», ya que no solo no se han reducido los gastos de personal, sino que «lo que se pretendía ahorrar se ha multiplicado convirtiéndose en gasto porque, como las sentencias dicen, hay que pagarles conforme se venía haciendo anteriormente, más intereses y más costas judiciales, de entre 3000 y 4000 euros cada juicio».

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