San Andrés evita medidas correctoras de Hacienda gracias a la aprobación del Plan Económico y Financiero

El Consistorio ha recibido recientemente una comunicación remitida por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local en la que se deja constancia de las consecuencias que tendría para San Andrés no haber aprobado el PEF, como la adopción de las “medidas automáticas de corrección” previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la cual atribuye al Ministerio la potestad para tomar decisiones de naturaleza interventora.

Además, en el mismo escrito se ha referencia a la posibilidad de iniciar procedimientos sancionadores contra los órganos competentes.

Teniendo en cuenta tanto esta comunicación como lo ocurrido en otros municipios del país cuyas cuentas han sido intervenidas por Hacienda, el equipo de Gobierno ha celebrado esta mañana una Junta de Portavoces para trasladar a los distintos grupos de la oposición la importancia del necesario cumplimiento de la ley.

Así, se ha analizado el escenario en el que podría encontrarse el Ayuntamiento en el caso de que no hubiese dado luz verde “in extremis” a su Plan Económico y Financiero, que tuvo que llevarse a Pleno hasta en dos ocasiones, por insistencia del equipo de Gobierno, hasta que finalmente salió adelante con el respaldo de la UPL.

“Todos los corporativos deben ser conscientes la obligatoriedad de cumplir con el Plan de Ajuste y, por ende, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues no hacerlo tiene sus consecuencias y estas podrían ser muy perjudiciales para el futuro del municipio”, han manifestado al respecto desde el Ejecutivo local.

Desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno ha intentado en numerosas ocasiones dar cumplimiento al Plan de Ajuste que se aprobó bajo el mandato del Partido Popular, encontrándose de manera reiterada con la negativa de la mayoría de la oposición a respaldar las medidas que incluye.

“Se trata de medidas impopulares que a nadie le gusta tomar, pero todos los concejales tienen que tener claro que hay que hacerlo, esté quién esté al frente del Ayuntamiento. De lo contrario estaríamos incumpliendo la ley y el Ministerio de Hacienda ha advertido de las consecuencias”, han subrayado, para después apelar, una vez más, a la responsabilidad política “de quienes han asumido su cargo siendo perfectamente conocedores de la situación el Ayuntamiento”.