San Andrés aprueba la orden para la reposición de las condiciones de seguridad en las antiguas instalaciones de Oblanca

La Junta de Gobierno local ha dado luz verde a esta medida muy demandada por los vecinos y vecinas de la zona, teniendo en cuenta que el inmueble se encuentra «en un estado de total abandono, inseguridad, insalubridad y falta de ornato»

LEONOTICIASLeón

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha aprobado la orden de ejecución para la reposición de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público en las antiguas instalaciones de Oblanca, situadas en la carretera de Caboalles a su paso por Villabalter.

Se trata de las edificaciones en las que hasta hace una década se desarrollaba la actividad de crianza y sacrificio industrial de aves que gestionaba este grupo empresarial en el término municipal y que, según consta en distintas denuncias e informes, desde su desmantelamiento se encuentra “en un estado de total de abandono, inseguridad, insalubridad y falta de ornato”.

Esta situación ha llevado al Consistorio a realizar distintas actuaciones y practicas varios requerimientos a la propiedad que, sin embargo, resultaron infructuosos, por lo que el estado de deterioro integral se ha ido agravando “hasta el punto de convertirse en un potencial riesgo de salud pública”, tal y como se refleja en el informe elaborado a petición de la concejalía de Medio Ambiente.

De hecho, los avisos se iniciaron en el año 2009, cuando se solicitó formalmente la retirada de residuos de la zona. Desde entonces, el Ayuntamiento ha realizado varios requerimientos más, que han estado acompañados de informes de la Policía Local en los que se constatan el abandono y estado de ruina de las instalaciones, la existencia de animales en los terrenos, la falta de seguridad e higiene o el peligro de desplome.

Ante esta situación, durante la presente legislatura el equipo de Gobierno ha trabajado para dar una solución a esta problemática, teniendo en cuenta no sólo las distintas peticiones vecinales realizadas a través del “Buzón Ciudadano” y mediante la entrega de firmas, sino también “el grave y sistemático incumplimiento de la ley” que obliga a los propietarios “a mantener los inmuebles en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad, según su destino, realizando los trabajos precisos a este respecto”.

De hecho, el titular del área, Francisco J. Gómez, se ha desplazado en varias ocasiones a la zona en compañía de los técnicos municipales para hacer una valoración in situ de los trabajos necesarios de cara al acondicionamiento de estos terrenos.

“Una de las preocupaciones que se han tenido siempre presentes en esta concejalía es precisamente dar respuesta a un asunto que ya se arrastra desde hace años y que ha generado una honda preocupación entre los habitantes del entorno”, ha manifestado Gómez, quien después ha destacado que este es “un expediente sumamente complejo por el estado de la propiedad, por lo que requiere dar los pasos acertados para actuar conforme a derecho”.

Así, con la aprobación del inicio procedimiento administrativo que acompaña la orden de ejecución se ha dado un importante paso adelante para que se repongan “de manera urgente las condiciones mínimas de seguridad” en las instalaciones, otorgando para ello un plazo máximo de ejecución de 30 días hábiles contados a partir de la notificación que se practique al efecto.

Estas primeras medidas se refieren al vallado de toda la zona para evitar el acceso de personas al entorno, con el riesgo que esto pueda acarrear, aunque las actuaciones requeridas de manera global incluyen otros trabajos de demolición y limpieza.

Los interesados disponen también de un plazo para presentar las alegaciones y documentos que estimen convenientes. En caso de que no actúen en el plazo previsto, el Ayuntamiento actuará de manera subsidiaria.

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