Los administradores de Orozco Building se desmarcan de la estafa y apuntan a una «venganza» de Caja España

Los dos acusados en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de León. / Noelia Brandón

La Audiencia Provincial de León ha acogido la primera sesión del juicio a dos personas a las que se imputan 21 delitos de estafa y apropiación indebida de 10,5 millones de euros

RUBÉN FARIÑASLeón

Lo que para 18 familias iba a ser un sueño se convirtió en unos meses en una auténtica pesadilla. Se consideran estafados y denuncian la pérdida de 1,2 millones de euros entregados en arras para adquirir una de las 90 viviendas de la promoción urbanística Orozco Building.

La Audiencia Provincial de León ha acogido este lunes la primera de las dos sesiones en las que se juzga a los dos administradores únicos de la construcción de este edificio de 90 viviendas, situado entre las calles Peregrinos y Espronceda de Trobajo del Camino.

Enrique D.S. y Rafael C.S. se han declarado inocentes de los 21 delitos de estafa y apropiación indebida de los que han sido acusados.

Los hechos juzgados

En 2004, estos promotores, que compartían la administración de las mercantiles Suárez Lorenzo y Orozco Building, solicitaron un préstamo hipotecario a Caja España que, posteriormente, subrogaron a Cajamar, por valor de 9,5 millones de euros para levantar este edificio en el solar de San Andrés del Rabanedo.

Meses después, en 2005, iniciaron una obra en Benalmádena que avalaron con 2,5 millones de la promoción leonesa, sin haber informado previamente a los 18 clientes que habían firmado ya sus contratos de compraventa y entregado dinero en arras por valor de 372.550 euros.

El impago de esta deuda en Andalucía, también suscrita a Caja España, provocó el embargo de las 90 viviendas de la promoción Orozco Building con un gravamen de 2,5 millones de euros para cada una de ellas y cuyos responsables subsidiarios serían los compradores de los inmuebles.

Los acusados apuntan a la entidad bancaria por su «desproporcionalidad» a lo hora de la ejecución hipotecaria. «A Caja España no le gustó que sunrogáramos el préstamo y lo que hizo fue vengarse. No aplicó la división horizontal de la obra y estaban embargando más de 200 millones de euros».

«Los acusados nos piden un dogma de fe»

En esta teoría se apoyan los dos promotores y aseguran que «no nos hemos quedado con nada en los bolsillos»; además, creen que «no ha existido engaño» y justifican que no se haya devuelto la ‘señal’ de los compradores en que «la totalidad de la obra está pagada, ha cobrado el 95% de los acreedores y el edificio está terminado y con licencia de primera ocupación».

Sin embargo, no han presentado las cuentas de Orozco Building, argumentando un cambio de administrador que se realiza en 2008. «Los acusados nos están pidiendo un dogma de fe», ha matizado el abogado de la acusación particular, ante la reiterada manifestación de los responsables de que «sin ninguna duda se gastó el dinero del préstamo y de los compradores en esta promoción. No ha existido engaño y no nos hemos llevado el dinero. Pongo la mano en el fuego por mi compañero también», enfatizaba uno de los declarantes.

Los imputados de estos delitos no han aportado en toda la instrucción «ni un solo dato económico de la obra», ni del destino de los 9 millones de crédito bancario ni los 1,2 millones que se reclaman por parte de los propietarios supuestamente estafados.

Sobre esta cifra, que los compradores perdieron al tener que hacer frente de nuevo al valor completo del crédito hipotecario, se mantiene registro por una cantidad de 372.550 euros como cuantía entregada en arras y el dinero reclamado por los clientes es de 528.000 euros por las costas posteriores a esta pérdida económica.

La Fiscalía y la acusación han mantenido la solicitud de penas de seis años de prisión para cada uno de los acusados y la devolución del dinero desaparecido, que asciende a 10,5 millones de euros entre la deuda con Cajamar y con los propietarios. Por su parte, la defensa reclama la libre absolución, solicitó en vano el sobreseimiento provisional en las cuestiones previas, y apunta a la inocencia de ambos socios en los 21 delitos de estafa de los que se les acusa.

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