Leonoticias

Archivada la denuncia contra Goyo Chamorro por un contrato de mantenimiento eléctrico

Goyo Chamorro, portavoz popular.
Goyo Chamorro, portavoz popular.
  • La carga, interpuesta por la actual alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, junto con otros dos ediles socialistas, ponían en cuestión una facturación que consideraban indebida

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La justicia ha dado la razón a la gestión que realizó el Partido Popular de San Andrés del Rabanedo durante la legislatura pasada. En esta ocasión, ni el Juzgado de Instrucción numero 3 de León ni la Audiencia Provincial de León ha visto delito alguno en el pago de algunas facturas a la adjudicataria del servicio de mantenimiento de electricidad que autorizó el entonces alcalde del PP, Goyo Chamorro y que se enmarcaban dentro del contrato menor que se adjudicó previo al que vendría meses después. Chamorro ha asegurado que «de nuevo se demuestra la campaña de desprestigio, de acoso y derribo que recibió por parte de quienes hoy gobiernan con el único objetivo de sacar rédito electoral y de defender los intereses particulares por encima de los generales, algo que hoy está presente en la pésima gestión que el PSOE-PAL está realizando en el tercer municipio de la provincia».

Llama mucho la atención –remarca el edil popular- que cada «contrato leonino» que quiso «enderezar el PP» acabara denunciado en los tribunales por parte de quienes «consintieron el derroche durante años. Derroche del que los ciudadanos no podrán recuperarse en décadas y que hoy se traduce en cierre y restricción de servicios por los mismos que malgastaron el dinero de los ciudadanos», recalca el popular Goyo Chamorro que hace hincapié en que el mayor ahorro que se ha registrado en los últimos años en el municipio lo ejecutó el Partido Popular gracias a la municipalización de la limpieza y otras medidas tomadas.

La denuncia sobreseída primero por el Juzgado de Instrucción número 3 y después por la Audiencia Provincial fue interpuesta por la hoy alcaldesa, María Eugenia Gancedo, por el actual concejal de Hacienda, Santiago Blanco, y por el que hoy ocupa un puesto de Procurador en las Cortes por el PSOE, Óscar Álvarez, quienes denunciaron al entonces alcalde del PP, Goyo Chamorro, achacándole un delito de prevaricación, al entender que el regidor había firmado una resolución de 28 de diciembre de 2012 adjudicando a una mercantil el contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones térmicas y eléctricas del municipio y el regidor habría autorizado el abono de facturas a dicha mercantil con cantidades que los denunciantes consideraban indebidas, según consta en la denuncia.

El Juzgado de Instrucción concluye que no hay suficientes indicios de la comisión de delito objeto de dichas diligencias porque asegura que los hechos que se imputan fueron realizados dentro del marco de las competencias administrativas y no se acreditan irregularidades que motiven la investigación en el ámbito penal. Tras decretar el sobreseimiento de la causa los denunciantes presentaron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial cuyos magistrados concluyen que «no consta que se haya efectuado ninguna tacha de ilegalidad en dicha adjudicación, y tampoco consta que dicha mercantil no llevara a cabo las prestaciones o trabajos que le incumbían».

Chamorro lamenta la «utilización» que durante los cuatro años de gobierno popular tanto el PSOE como el PAL hicieron de la justicia con el único fin de dañar la imagen del PP «que lo único que intentó fue enderezar el Ayuntamiento de San Andrés con una deuda heredada de la gestión socialista de 78 millones de euros». Algo que, a su juicio, «a algunos no les interesaba que hiciéramos».