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IU de San Andrés denuncia que el PSOE-PAL sube el agua un 75% con «la complicidad del PP, Ciudadanos y UPL»

  • Esta formación política considera que la deuda que ha acumulado el Consistorio no deben pagarla «la ciudadanía», ya que son causa de la «mala gestión de los gobiernos populares y socialistas»

Solo los cuatro concejales de Izquierda Unida se opusieron rotundamente, votando en contra, a que la deuda que ha acumulado la Alcaldesa Gancedo con la multinacional Aquona por la reprivatización del agua, por cuya causa está siendo investigada a instancias de IU, «la pague la ciudadanía».

Izquierda Unida no admite que «la mala gestión y las privatización del servicio de agua del PP y del PSOE en el Ayuntamiento tenga que ser pagada por los vecinos, con subidas de tasas de servicios esenciales». «No admitimos los planes de ajuste que solo significan subida de impuestos y tasas, recorte de servicios y recorte den gastos de personal», señalan.

El pleno del pasado 27 de octubre sirvió al PSOE-PAL-UL para hacer efectiva la subida de precios del agua y el alcantarillado, según IU, «subida que es consecuencia de la revisión del contrato del 2010 y también de la privatización del PP en el año 1996».

Izquierda Unida de San Andrés lleva mucho tiempo denunciando la situación del agua, «que desde este último pleno ha llegado a su peor punto, pues se han subido las tasas un 75% a la ciudadanía». «Recordamos que esta subida ya se llevó a cabo cuando la alcaldesa firmó el contrato del 2010 con la empresa adjudicataria, sin embargo, el Ayuntamiento ha estado asumiendo esa subida desde el 2010 hasta acumular una deuda de 6 millones de euros», insisten.

Para esta formación política, la solución no pasa por hacer pagar a los vecinos, «ni directamente (subiendo el agua como se ha hecho ahora) ni indirectamente (costeando la subida con dinero público)». «La solución pasa por revisar el contrato y dejar de tomar decisiones tan nocivas para nuestro consistorio», consideran.

Izquierda Unida no solo ha votado en contra en el pleno del jueves, sino que ha manifestado su oposición «desde el momento de su privatización en el año 1996, así como en a la revisión del contrato del agua del año 2010 que suponía su reprivatización». «Es más, Izquierda Unida, a pesar de no tener ninguna representación en el Ayuntamiento en el año 2010, tomó la decisión de llevar el acuerdo a los juzgados, acuerdos por los que ahora nuestra alcaldesa, Eugenia Gancedo, está siendo investigada. Además, Izquierda Unida ha solicitado iniciar el trámite para ver si el contrato del año 2010 es nulo», añaden.

Izquierda Unida considera que la ciudadanía «debe reaccionar ante este abuso de poder y esta aniquilación constante y sostenida de lo público». «La ciudadanía debe responder ante estos planes de ajuste que pretender ir eliminando o aumentando el precio de los servicios públicos hasta que queden reducidos s la mínima expresión, estas son las políticas neoliberales del PP y del PSOE», sentencian.